CMR VISA FALABELLA:

ESPECIAL PARA ESTUDIANTES UC

Puede adquirir tu tarjeta en el Food Garden del Campus San Joaquín los días lunes, miércoles y viernes entre las 10.30-1630 horas.

Share on Facebook

Tiqui tiqui ti! ¡Se nos viene el Bicentenario!

Septiembre es sinónimo de cueca, volantín, asado, choripanes y alegría nacional. Se celebra
la Independencia, pero este año es especial. Ya que se cumplen 200 años de ella y las
actividades para conmemorar tan noble acontecimiento se multiplican a lo largo del país.

Es por eso que Deportes UC no puede estar ausente a este ambiente dieciochero y ha
programado diversas actividades para los alumnos y comunidad universitaria.

*Viernes 3 de septiembre: Esquinazo Bienvenida Mes del Bicentenario. 13:00 a 13:20 horas.
Patio Food Garden.

* Lunes 06, miércoles 08 y viernes 10 de septiembre: Taller de Volantines Artesanales.
13:00 a 14:30 horas. Sector Bosque de Deportes. Actividad gratuita.

*06 al 14 de septiembre: Clases Gratuitas de Cueca. 13:00 a 14:00 horas. Multicanchas Área
Deportes.

*06 al 15 de septiembre: Juegos Típicos Chilenos, que incluyen trompos, bolitas, emboque,
palo ensebado, rayuela, volantines (no considera volantines e hilo) y taca-taca. 11:30 a 15:00
horas. Gratis. Área Palmeras Deportes UC.

*15 de septiembre: Fiesta de la Chilenidad. 11:30 a 14:30 horas. Actividad gratuita. Áreas
verdes Deportes UC.

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Facebook

La vitación es de voto ponderado, es decir, que Consejeros Territoriales deben llevar el voto de su territorio, recogido a través de asambleas, plebiscitos o consejo de delegados.

En el siguiente link pueden ver las mociones que se votarán:

MocionesReforma2010

Además revisa www.feuc.cl/consejo para ver documentos pasados.

INFÓRMATE!

Share on Facebook

1. Problemas en la tipificación del delito: los tipos penales de la ley antiterrorista son demasiado amplios, pasando a llevar una de las garantías más elementales del Estado de Derecho, esto es, el principio de legalidad. Sólo se requiere “Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie” o “que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”. El principio de legalidad exige que las conductas que sean penadas por la ley estén determinadas de forma pormenorizada en el tipo penal, para que así todos podamos conocer cuáles son las conductas por las que podrían procesarnos o condenarnos. Esta definición tan vaga de la conducta afecta a la seguridad jurídica a la que todos tenemos derecho. Además, se tipifica como conducta terrorista, el delito de incendio lo que no se condice con la naturaleza especialmente grave que debe tener el terrorismo de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile, en especial la Convención Interamericana Contra el Terrorismo que se refiere las conductas terroristas como graves violaciones contra las personas. A.P. Schmid, destacado experto en el tema sostuvo en informe a la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en 1992 que “El terrorismo es el equivalente de un crimen de guerra en tiempo de paz”. ¿Podría considerarse la toma de un predio agrícola o la quema de algunas hectáreas de terreno como un crimen de guerra? Esto es reafirmado además por el informe de Human Rights Watch de 2004 que señala que “las acciones de los mapuche no han cobrado ni una sola vida” y que por lo general los activistas corresponden a agricultores pobres del sector y jóvenes estudiantes universitarios mapuche que estudian en las urbes y luego vuelven para apoyar las demandas de su pueblo, quienes no cuentan por lo general con armamento, salvo un par de escopetas, piedras y boleadoras.
2. Restricciones al derecho al debido proceso, en especial el derecho de defensa del imputado y la presunción de inocencia: El derecho al debido proceso es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución Política y diversos Tratados Internacionales. La ley antiterrorista socava gravemente dicho derecho de varias formas, pues establece varias prerrogativas adicionales para el aparato persecutor del Estado en aras a una mayor “efectividad”. En primer lugar, las policías pueden mantener detenido a un sospechoso antes de ponerlo a disposición de un Juez de Garantía por 10 días, lo cual establece una diferencia de una semana en comparación a un delincuente común quien tiene el derecho a ser puesto a disposición de la Justicia de inmediato y hasta tres días en casos fundados. En segundo lugar, la investigación de este tipo de delitos es secreta, no pudiendo la defensa acceder a varias piezas de ésta durante su realización, lo que se contrapone con el derecho establecido en el Código Procesal Penal para el resto de los imputados quienes siempre pueden, salvo casos fundados, acceder al expediente del Ministerio Público para conocer su contenido y preparar su defensa. En efecto, los defensores en causas de imputados indígenas se quejan de esto, pues no les permite estructurar una defensa adecuada frente a las pruebas que el Ministerio Público recaba. En tercer lugar, se establece una figura que se ha denominado comúnmente como los testigos “sin rostro”. En las causas llevadas bajo la ley antiterrorista, no puede conocerse la identidad del testigo para resguardar su seguridad. Así, en los juicios orales éstos declaran tras un biombo y muchas veces con micrófonos que distorsionan sus voces. El debido proceso no sólo permite que uno aporte prueba de descargo, sino que también es necesario que se pueda criticar o dudar sobre la credibilidad de la prueba de cargo. En palabras simples, si yo no conozco la identidad del testigo, difícilmente puedo dudar de su credibilidad, pues puede tratarse de una persona que no haya estado en el lugar de los hechos, que tenga una manifiesta enemistad con el imputado, que tenga una relación estrecha con la víctima del delito o peor, se permite que el testigo mienta impunemente al tener su identidad escondida, no pudiendo la defensa acusarlo eventualmente del delito de falso testimonio. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos tratado suscritos por Chile, contemplan el derecho de los acusados a interrogar a los testigos en las mismas condiciones que la acusación. En cuarto lugar, se viola el principio de inocencia, pues se ha vuelto como regla general la aplicación en estos casos de la prisión preventiva. Nuestra Constitución reconoce dos derechos fundamentales relacionados, la presunción de inocencia y la garantía de libertad. De acuerdo a estos dos principios uno no puede ser privado de libertad hasta que exista una sentencia condenatoria de por medio, obtenida en un proceso legalmente tramitado por lo que la prisión preventiva debería ser una excepción y siempre en casos extremadamente calificados. Este problema en conjunto con las prerrogativas del Ministerio Público para realizar la investigación en largos periodos de tiempo deriva en que muchos de los procesados por estos delitos pasen mucho tiempo privados de libertad, sin que se les haga justicia, compartiendo encierro con delincuentes de mayor connotación y peligrosidad tales como homicidas, violadores, narcotraficantes, entre otros.
3. Penas más gravosas: La ley antiterrorista obliga al Juez a aplicar una pena en 2 grados mayor a la que hubiese resultado en caso de que se hubiese calificado el delito como común. Entonces ocurre el absurdo de tener penas extremadamente gravosas para personas que han participado en este tipo de sucesos. En efecto, se aplicaron en el caso del incendio del fundo de la forestal Mininco penas de 10 años y 1 día e indemnización de $425 millones a favor de la forestal por el incendio de 108 hectáreas de bosque lo que parece absolutamente desproporcionado. Las penas por ejemplo del homicidio simple son mucho más benignas y no hay que ser un gran jurista para notar que existe aquí un problema de criterio en cuanto a los bienes jurídicos tutelados. Por otra parte, los que han sido condenados no tienen la posibilidad del indulto, salvo a conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado. Además existen varias penas accesorias en caso de delitos terroristas tales como la pérdida del derecho a voto, la prohibición de ejercer cargos de representación popular, e incluso se pierde la ciudadanía la que sólo puede ser repuesta por ley y con un quórum calificado, entre otras.

Share on Facebook

Con la llegada de la democracia, la ley no fue derogada, sino que fue modificada en varios aspectos, redefiniendo ciertos conceptos e introduciendo el delito de incendio a la categoría de “delitos terroristas”, además de ajustarse ciertas normas de carácter procesal. Finalmente, en el 2002 fue nuevamente reformada para adecuarla a la nueva realidad que imponía el Código Procesal Penal, ajustando sus normas al nuevo procedimiento que se iba a poner en marcha en todo el país, especialmente en la Región de la Araucanía, la cual iba a ser una de las regiones “piloto” en las que se iba a probar su eficacia y funcionamiento.

Debido a la poca precisión de los tipos penales que contiene la ley antiterrorista, comenzó a utilizarse como una herramienta útil para sofocar y perseguir a los grupos de comuneros mapuche que, en reivindicación de sus derechos, comenzaron a realizar actos de protesta, algunas veces violentas, en fundos que colindaban con sus viviendas. Un caso emblemático es el de Mireya Figueroa, quien, en 2001, fue acusada junto a otros 10 comuneros de haber iniciado diversos focos de incendio en predios de la forestal Mininco. Cinco de ellos fueron condenados a penas de 10 años y 1 día de presidio y al pago de $425 millones a la empresa afectada. Otro caso importante es el de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin, quienes fueron condenados a 5 años y 1 día de presidio por el delito de amenaza de incendio terrorista.

Share on Facebook

Share on Facebook

Este martes, el ministro Rodrigo Hinzpeter prometió el envío de dos proyectos de ley al Congreso en el marco de la huelga de hambre de los presos mapuches. Sin embargo, estos son sólo pequeñas modificaciones a la Ley Antiterrorista (delimitación de la jurisdicción de la fiscalía y la justicia militar, y la definición de los delitos), siendo que ésta es el problema que buscan erradicar los huelguistas.

Lo que debemos tener en cuenta, al momento de analizar este conflicto, es que los 32 presos mapuche están privados de libertad porque efectivamente están involucrados en situaciones reñidas con el orden social, como es el ataque a predios privados que ellos reclaman como tierras ancestrales. Sin embargo, el punto en cuestión es el proceso que se les ha llevado a cabo y la manera en la que serán juzgados los involucrados, lo cual se opone a un juicio justo, como promueven las leyes y la Constitución.

Las demandas

• No aplicación de la ley antiterrorista (nº 18.314) en los casos de persecución penal de líderes de los movimientos indígenas en la Región de la Araucanía.
• Fin a la represión estatal y a la militarización de las zonas de conflicto.

• Término al doble juzgamiento, civil y militar.

¿Y la Ley Antiterrorista?

Esta ley, promulgada durante la Dictadura Militar, y sólo modificada durante los gobiernos de la Concertación, creada para perseguir y desintegrar a los grupos armados (y no armados también) de izquierda que en esa época constituían una amenaza para el Gobierno. Con el regreso de la democracia, ha sido usada como herramienta para sofocar y perseguir a los grupos de comuneros mapuche que, en reivindicación de sus derechos, comenzaron a realizar actos de protesta, algunas veces violentas, en fundos que colindaban con sus viviendas.

Controversia

“El terrorismo es el equivalente de un crimen de guerra en tiempo de paz”.*

¿Podría considerarse la toma de un predio agrícola o la quema de algunas hectáreas de terreno como un crimen de guerra?

Esta interrogante parace tener una respuesta desmedida al aplicarse una ley que, por ejemplo, prohibe a la defensa acceder a varias piezas de la investigación, lo que se contrapone con el derecho establecido en el Código Procesal Penal para el resto de los imputados quienes siempre pueden, salvo casos fundados, acceder al expediente del Ministerio Público para conocer su contenido y preparar su defensa.

Entonces, lo que no podemos desconocer es que la solución a este conflicto pareciera desmedida e incluso, fuera de la legalidad que aboga el Estado de Chile en su Carta Fundamental y en los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país.

El enfoque del conflicto: un problema de orden y seguridad v/s un problema social.

La forma en que se ha abordado el problema mapuche en los últimos 10 años, da cuenta de un paradigma que enfoca el fenómeno de las protestas y movimientos de reivindicación indígena como un conflcito de seguridad y orden público. La aplicación de la ley antiterrorista, la “militarización” de las zonas de conflicto y la extremada violencia que utilizan las fuerzas policiales para socavar las manifestaciones denotan dicho enfoque. Enfoque que ha sido criticado en innumerables ocasiones por la Comunidad Internacional y por el Pueblo Mapuche.

Expresiones de lo anterior han sido los informes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (1997, 2003 y 2006) y Human Rights Watch (2004). Así como también, el de los de instituciones vinculadas al sistema de Naciones Unidas, tales como la Relatoría Especial de la ONU para los Derechos de los Indígenas (2003), a cargo de Rodolfo Stavenhagen, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (2004), junto con una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile en 2002 la cual desembocó en un “acuerdo de solución amistosa” que hasta hoy no se cumple.

Como vemos, hay graves faltas a los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico, así como a nuestra misma Constitución, leyes y Tratados Internacionales, que se traducen en violaciones a Derechos Humanos evidentes. Esperamos que la huelga de hambre de los presos mapuches sirva para generar conciencia sobre estos graves hechos, y que podamos avanzar hacia una verdadero Estado de Derecho, respetuoso de sus instituciones y de la persona humana.

Directiva FEUC 2010

* A.P. Schmid, (1992). Informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas

Share on Facebook

CHARLA INFORMATIVA BECAS A HONG KONG

Lugar: sala A3 (campus San Joaquín, Ingeniería)

Fecha: martes 7 de septiembre, 2010

Hora: 13:30 hrs.

Fundada en 2009 por RGC, el Doctorado de Régimen de Becas de Hong Kong tiene por objetivo captar y dar la oportunidad a los mejores y más brillantes estudiantes del mundo a proseguir su doctorado en las instituciones de educación superior de Hong Kong.

RGC se compromete a otorgar 135 becas de doctorado durante cada año académico.

La beca tendría un periodo de tres años, donde el alumno percibiría anualmente:

-          Un estipendio mensual de HK $ 20.000 (aprox. 2.600 dólares de los EE.UU.)

-          Una asignación de viajes, relacionada con la investigación, de HK $ 10.000 (aprox. 1.300 dólares de los EE.UU.)

Este proyecto forma parte del proyecto e iniciativa de internacionalización por parte del Gobierno de Hong Kong.

Requisitos de Admisión http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm

Detalles de los Programas de Doctorado http://www.grad.edu.hk/grad/Información sobre los estudios en Hong Kong http://studyinhongkong.edu.hk/eng/index.jsp

Pueden confirmar tu participación al email: vpimente@uc.cl

Share on Facebook